No contentos con los recortes ya aprobados por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo busca además cómo rebajar el sueldo de colectivos con convenio propio. Irónicamente el ministro de Fomento, José Blanco, declaró que la rebaja iba a ser progresiva y lo demostró con un ejemplo: "Va a ser un recorte equitativo. El funcionario que cobre 1.200 euros tendrá un recorte aproximado de 36 euros al mes. Una persona que cobre 3.000 euros tendrá un recorte aproximado de 220 euros al mes. Se recorta más al que más cobra. Porque el que más posibilidades tiene ha de contribuir en mayor medida a este esfuerzo nacional". No pedimos al Gobierno que intente explicar el ajuste económico que más descontento social ha provocado en toda la historia de la democracia en España.
Se trata del recorte al presupuesto más impopular que ha adoptado Zapatero quien no escatima esfuerzos, con la colaboración de otros miembros del Gobierno, para hacer pedagogía respecto a las decisiones adoptadas, sin escuchar las reivindicaciones y el sentir de la sociedad, que pide a gritos la retirada inmediata de este Real Decreto. Rompe así el Gobierno con el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009 y quiebran la confianza de quienes optamos por dar un paso responsable y recuperar el valor del dialogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica. Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta para el mismo. Nada posterior justifica su incumplimiento.
La Negociación Colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.
La calidad de los servicios públicos exige de la sociedad y especialmente de sus responsables políticos el reconocimiento y valoración que les corresponde por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia, etc. Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir los salarios de los empleados públicos es el peor mensaje que se pueda enviar.
Denunciamos que, cuestionando el sector público se abre la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en el necesario cambio de modelo productivo. Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.
