CCOO Y UGT exigen a Bravo de Laguna el cese inmediato del director de Valora por la falta de trasparencia de la entidad recaudadora

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Califican de “opaca” la gestión de tributos en Gran Canaria

Los sindicatos Comisiones Obreras Canarias y UGT, a través de sus máximos representantes, Antonio Pérez y Gustavo Santana, coincidieron este viernes en pedir el cese inmediato del director de la empresa Valora, Félix Rivero, por entender que su gestión está definida por la arbitrariedad y la falta de trasparencia. En rueda de prensa, ambos líderes sindicales exigieron al presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que no deje pasar un día más sin intervenir en Valora, para que no se generalice la sospecha de que se están cometiendo arbitrariedades en la gestión de tributos en Gran Canaria. En tal caso, afirmó Gustavo Santana, “estaríamos hablando de responsabilidades políticas que afectarían directamente al presidente del Cabildo”.

Antonio Pérez recordó que los problemas en Valora comenzaron a surgir a raíz de la negociación del convenio colectivo a comienzos del año 2014. Según avanzaba la negociación, la empresa ha ido tomando medidas disciplinarias contra los trabajadores, medidas que han culminado con un expediente sancionador a los representantes de CCOO y UGT en el comité de empresa. Para Pérez, es obvio que estamos “ante una persecución sindical que pretende que no se saque adelante un convenio que regularice la situación de los trabajadores de la empresa de recaudación”.

Para Gustavo Santana, los dos trabajadores expedientados han sido instrumentalizados por la dirección de Valora para dinamitar la negociación, pues su intención es “gestionar Valora como un cortijo y mantener la plantilla en situación de precariedad laboral”. Esta precariedad, recordó el secretario general de la FSC-CCOO, Pedro Moreno, repercute en la calidad del servicio que presta Valora, pues los trabajadores pueden ser trasladados según los intereses de los cargos directivos, orientando la labor de recaudación de impuestos según convenga.

Moreno señaló que la opacidad con la que se gestionan los tributos en Valora viene determinada por la ausencia de una plantilla fija que, llegado el caso, podría denunciar libremente si algunos expedientes están siendo dejados de lado a costa de otros. Pero, con una plantilla en precario esto no es posible, pues los trabajadores temen por su continuidad: "Si expedientan y suspenden de empleo y sueldo a los representantes sindicales imagínense lo que podrían pensar otros trabajadores que no estén protegidos por la representación sindical”.

Moreno insistió, sin embargo, en la importancia de la empresa Valora, que permite la gestión ordenada y centralizada de los tributos, pero lamentó que el Cabildo de Gran Canaria no comparta esa impresión y mantenga al 90% de la plantilla en situación de precariedad e interinidad y se dedique a externalizar los servicios a una empresa dependiente de la Diputación de Alicante. “No quiero pensar que esta externalización, que nos cuesta 800.000 euros anuales, que crea empleo en Alicante en detrimento de Gran Canaria, se hace por afinidades políticas entre administraciones gobernadas por el Partido Popular”.

Por su parte, el secretario general de FSP-UGT, Eduardo Mederos, insistió en que de los cinco miembros que componen el área ejecutiva de Valora, encargada de hacer cumplir los deberes tributarios de ciudadanos y empresas, cuatro han sido apartados de sus funciones y trasladados, siendo sustituidos por personal con menos experiencia. Se trata de unas medidas que “parecen orientadas a conseguir que no se pueda cumplir con la función de recaudar los impuestos”.

Tanto UGT como CCOO insistieron en la necesidad de que se hagan públicas las gestiones de Valora, de tal forma que podamos saber qué expedientes se han retrasado en su tramitación y por qué. Así, “sabemos que hoy están al corriente de pago los ciudadanos, pero sospechamos que ese no es el caso de muchas sociedades y empresas, con las que, tal vez, se están relajando los procedimientos de cobro de tributos”.

Los sindicatos exigieron a Valora la firma inmediata del acuerdo laboral y la retirada de los dos expedientes sancionadores, así como al Cabildo de Gran Canaria el cese del director de Valora, Félix Rivero.

 
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